Polémica pulseada judicial entre el municipio y un grupo de padres

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Una multa a nueves padres por la conducta sus hijos en el corso derivó en un expediente de 240 fojas • La apelación desembocó en una delicada situación: si la justicia correccional hace lugar, “el municipio no podrá actuar en eventos donde intervengan menores”, opinó Selva.

El viernes se hizo una conferencia para dar a conocer a la comunidad el accionar de un grupo de padres en una causa por la que menores fueron juzgados en el tribunal municipal. El intendente Carlos Selva, junto al secretario de Gobierno Sergio López, informó la situación de una causa que se tramitó en el Juzgado de Faltas, iniciada en la primera jornada de carnaval, el 28 de febrero, cuando un grupo de jóvenes habría intentado ingresar a contramano en plena jornada de los corsos generando “disturbios en la vía pública”.

Los padres afectados –una ordenanza municipal establece que serán ellos los sancionados por tratarse de menores de 18 años– interpusieron un recurso y apelaron a la Justicia provincial. Para el Ejecutivo comunal, se puso en tela de juicio la facultad del Juzgado de Faltas para intervenir en infracciones de menores.

El expediente está en el Juzgado Correccional N° 3 del Departamento Judicial de Mercedes, a cargo de la doctora María Laura Pardini, y en los próximos días se conocería la resolución.

 

“En ningún lado se plantea la falta que cometieron sus hijos, sino la incompetencia del Juzgado de Faltas para actuar”, dijo Selva.

 

Planteos

El intendente Carlos Selva expresó: “Queremos transmitirle a la comunidad las actuaciones, en las que no vamos a mencionar a determinadas personas que fueron encuadradas en un expediente del Tribunal de Faltas, que tienen que ver con hechos que se produjeron en su momento, en días de los carnavales. Estamos hablando de menores a los cuales se les labró en una misma noche dos infracciones: una en la intersección de calle 10 entre 11 y 13 y después en calle 20 entre 29 y 31”.

Esta infracción se denominó “el corso en contramano” que es lo que intentó hacer un grupo de menores. “Desde la municipalidad se actuó para prevenir posibles inconvenientes o perjuicios a la integridad física de los jóvenes, porque no se sabía qué consecuencias podrían llegar a tener si ellos iban en contramano en el corso. Más allá de pintoresco de su definición, iba a ser una interferencia, tanto para los espectadores como las comparsas o murgas a un trabajo que se preparó para mostrar un espectáculo. Ello lo evaluó la fuerza de seguridad y a nuestro juicio se actuó bien. Se impidió el egreso de los jóvenes y se secuestraron panfletos”.

Seguidamente, explicó que se labró una falta dentro de la ordenanza municipal “prevé sanciones a los padres por las multas que se realizaron por el accionar de sus hijos”. Recordó las diferentes actividades que se vienen desarrollando desde hace algunos años con el acompañamiento de distintos actores, escuelas y jóvenes de la ciudad. “Todos entendimos que algo había que hacer para tratar de frenar la ola de violencia que se desata en nuestra juventud. En ese mismo marco se labraron las actuaciones y se hicieron las infracciones”.

Carlos Selva y Sergio López informaron que la causa fue apelada a la justicia correccional.
Carlos Selva y Sergio López informaron que la causa fue apelada a la justicia correccional.

Luego señaló la extensión del expediente por esta falta, de alrededor de 240 fojas cuando la regla general indica que no exceden las siete. “Ello ocurrió porque los padres unificaron personería, se defendieron como si fueran una sola persona, como si fueran una unidad, grupo o lo más grave, lo asociamos a una de las más grandes preocupaciones que tenemos, que son las bandas”.

“Al unificar personería la actuación nos parecía un hecho complicado. Ya no veíamos a un grupo de adolescentes que se juntan por una motivación juvenil, sino personas mayores unificando criterios contra la Justicia de Faltas. En ningún lado se plantea la falta que cometieron sus hijos, sino la incompetencia del Juzgado de Faltas para actuar”, dijo Selva. Señaló que se trata de nueve padres involucrados, tres de ellos miembros del Poder Judicial.

“Hacemos esta conferencia de prensa porque tenemos esta situación. Los contribuyentes pagan por un hecho que ponía en riesgo la integridad física de los jóvenes, que en ese momento no estaban al cuidado de sus padres, y por lo que hicimos la contravención”.

“La desagradable sorpresa es esta actitud. Por eso queremos hacerlo público, porque fue apelada la causa y se encuentra en la justicia correccional”, manifestó. “Si eso tiene sustanciación en ese Juzgado y se declara inconstitucional, lo que hemos hecho, todo este trabajo, fue de gusto, se cae la falta pero nos marcará claramente –y queremos que la justicia que está analizando esta situación lo sepa – que el municipio en este caso, tanto en los eventos  de jóvenes como el 21 de septiembre, no va a poder actuar. Esto lo decimos porque no podemos someter a personal que no tiene la autoridad para generar faltas, que las siga haciendo”.

 

“Los padres unificaron personería, se defendieron como una sola persona, lo asociamos a una gran preocupación que tenemos, las bandas”.

 

“Esto nos marca, a nuestro juicio, que creímos que actuábamos en una sociedad que pretendía ordenar uno de los problemas más graves que tiene la sociedad, que es la violencia entre los jóvenes y nos encontramos con la actitud corporativa que pone en evidencia la presencia de ciudadanos que no se avienen a convivir, respetarnos y entender que el derecho determina dónde empieza el de los demás. Hay quienes consideran que por pertenecer a determinados sectores sociales el municipio o la Justicia de Faltas no los puede involucrar”, concluyó.


Sergio López: “Me dan vergüenza”

 “Por una falta menor cometida por menores, se termina invocando el Pacto de San José de Costa Rica”, criticó el secretario de Gobierno.

 

Por su parte, López expresó: “Uno a veces, cuando ve la conducta  de algunos colegas actuando en este caso como papás, no solo como abogados; y cuando repasa algo de lo que se ha escrito en materia de justicia contravencional, se siente afortunadamente cada vez menos abogado. Esto no es grato para muchos de los colegas, pero estamos hablando de una falta menor cometida por menores, que responde a normas de convivencia, y se termina invocando la naturaleza protectoria del derecho penal y el Pacto de San José de Costa Rica”.

Luego añadió: “Esas conductas me dan vergüenza. Lo que se dice acá es que el estado municipal puede sancionar conductas mucho más graves pero no puede aplicar una pena que es administrativa, reparadora, a un padre cuando muchos lo han cumplido tratando de corregir este problema de las bandas y la exaltación de la violencia. Si no lo podemos hacer por este tipo de conductas es lamentable, pero tenemos que entender que estamos expuestos a este tipo de conductas, tanto de los pibes como de los padres y los jueces”.

Finalmente, coincidieron en afirmar que “si la justicia falla a favor de los padres, marcaría que el municipio no puede intervenir más en eventos donde estén los jóvenes. Y lo que es peor, dejaría abierta la posibilidad de que un menor puede pasar un semáforo en rojo porque la Justicia de Faltas no puede actuar.  Eso es lo grave. Estos antecedentes ponen en crisis un sistema”.


Multas de 4500 a 45 mil pesos por la conducta de los hijos

A principios del mes de marzo, el municipio recordó la vigencia de una ordenanza por medio de la cual podría sancionarse a las personas que provoquen desorden público o actos violentos con multas. En el caso de los menores de 18 años, la infracción será para los padres o representantes legales. Dicha ordenanza establece multas que van desde los 4.520 pesos hasta los 45.200, sanciones de las que serán pasibles aquellas personas que desarrollen conductas que provoquen desorden público, a quienes se encuentre en estado de ebriedad en la vía pública y lugares de acceso público, como así también si se los hallare en lugares y horarios no permitidos.

Autor: Redacción

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