Para la Justicia Melo no cometió delito

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Así se desprende del fallo que dictaron los jueces intervinientes en el caso • Para los magistrados, la conducta de Melo, “no resultaron constitutivas de los delitos de Peculado ni Enriquecimiento ilícito”, y consecuentemente, tampoco del “Incumplimiento de los deberes de funcionario”.

Como se anticipara, el pasado jueves se dieron a conocer los argumentos de la resolución del Tribunal Oral en lo Criminal N° 3, en el cual se declaró absuelto a Marcelo Melo por los delitos que se le achacaban de “Peculado por sustracción de caudales públicos e incumplimiento de los deberes de funcionario público”.

El Tribunal, conformado por los jueces Alejandro Caride, Eduardo Costía y Ricardo Marfía, había anticipado en la última jornada en la que las partes alegaron, su veredicto. Ahora, lo que se conoció fueron los fundamentos de este fallo.

 

Nulidad

Como primera cuestión se refirieron al planteo de nulidad de los cargos  de enriquecimiento ilícito que solicitó el doctor Ariel Fusco, defensor de Melo ya que consideraba que no se habían cumplido con las garantías procesales, y además consideró probado en el debate, la falta de elementos para acusar a su pupilo de dichos cargos.

Para el Tribunal, como ya había anticipado, no dio lugar al planteo  considerando que no se había afectado la defensa porque la acusación ya había sido planteada en instancias previas.

 

El fallo

En primer término, el Tribunal recordó que se había imputado a Melo, en su carácter de coordinador general de la XXXVIII Fiesta Nacional del Salame Quintero – edición 2012 “percibió indebidamente en su caja de ahorros personal, por exclusiva orden suya, entre el 24 de enero de 2012 y el 26 de septiembre de 2012, la suma de $29.842 que artesanos participantes en el mencionado evento depositaron para reserva de sus stands, sustrayendo dicho caudal de dinero de la esfera de custodia natural que deberían haber sido la tesorería municipal y/o una cuenta bancaria a nombre del municipio, si fuera necesario y por cuestiones de orden interno, a la fiesta mencionada”. Y que dicha maniobra “provocó un perjuicio patrimonial a las arcas municipales, toda vez que dichos depósitos se vieron menoscabados ‘al menos’ en 2.126 pesos por los gastos administrativos que la cuenta acarreó, a lo que debe sumarse la falta de una rendición circunstanciada, sumas que dejó de percibir el municipio”.

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También se hacía referencia a que el informe de movimiento de la cuenta contrastado con el listado de titulares de stands de la fiesta, se había podido establecer que diez depositantes no figuraban en el mismo, por lo que se depositaron 5.600 pesos que “al no encontrarse debidamente rendidos paran a engrosar la figura de enriquecimiento” remarcando además, que Melo no registraba otra actividad laboral que motive dichos depósitos.

En tanto, se había sostenido que “la inejecución de los principios y procedimientos básicos de la actuación funcional cuyo cumplimiento exigía su cargo como funcionario de la municipalidad (…) que exigían de su parte el ingreso inmediato de los fondos en la tesorería municipal, o bien  en una cuenta a título gratuito del Banco de la Provincia y no en una cuenta privada”. De dicho análisis realizado por la fiscalía en la etapa de instrucción surgieron los cargos que se le imputaron a Melo.

Sin embargo, para el Tribunal – y en función de la documentación que se reunió en la investigación – “las conductas comprobadas no se adecuaban a las descripciones típicas configurativas de los distintos delitos” que se atribuían a Melo.

El Tribunal, tras relevar los distintos testimonios recogidos durante el debate, señaló que en lo que respecta al delito de “Peculado”, “a lo largo del debate la Fiscalía no aportó evidencia que permita afirmar que requiere un pronunciamiento en el fuero criminal, que Melo haya sustraído, separado o apartado dinero del erario municipal”. Por el contrario, consideraron que Melo “abrió esa cuenta en cuestión en el Banco de la Provincia, a su nombre con la exclusiva finalidad y como el medio que consideró más idóneo y expeditivo para la percepción de los fondos que luego de depositados allí eran rendidos por el tesorero de la comisión organizadora”. Además, entendieron que la apertura de la cuenta no era oculta – ya que muchas personas la conocían – y que el objetivo de la misma era la recepción de dichos fondos. Además, consideraron que “lo hizo a su nombre ante la imposibilidad de que estuviera a nombre de la comisión – por carecer de personería jurídica – y frente a las dificultades de orden práctico que suponían (para la disposición inmediata) si ingresaban formalmente  las cuentas de la comuna.

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Por otro lado, los jueces señalaron que “no se acreditó que Melo haya dado a esa cuenta un uso personal (…) ni se registró que haya presentado el tesorero en su rendición un faltante o se haya detectado el menoscabo del dinero allegado a esa cuenta”, señalando además que el dinero luego pasó a arcas municipales, fue incluido en el presupuesto y formal y legalmente aprobado.

En cuanto a la figura del “Enriquecimiento ilícito”, se incorporaron los depósito y/o transferencias bancarias realizadas por los artesanos, y que los mismos fueron acreditados y entregados al tesorero para posteriormente rendir el balance general. “Todo ello sin haberse acreditado menoscabo de dinero alguno al punto que, Melo no fue requerido formalmente por las autoridades administrativas municipales o por parte del Tribunal de Cuentas – previo a la denuncia penal – para que justificara alguna irregularidad o sospecha de anomalía”, señalaron y agregaron que “en definitiva no fue requerido por las autoridades legalmente competentes para hacerlo – las administrativas – para que justificara algún eventual incremento patrimonial de su parte. Mal puede hablarse, entonces de enriquecimiento ilícito”.

Para los magistrados quedó demostrado que “las conductas desarrolladas por Marcelo Melo, no resultaron constitutivas de los delitos de Peculado ni Enriquecimiento ilícito, pues no reunieron los requisitos típicos que caracterizan esas figura”.

Consecuentemente con ello, tampoco puede imputársele el delito de Incumplimiento de los deberes de funcionario público.

 

Apelación

De momento el Ministerio Público Fiscal no ha manifestado que apelará la resolución, aunque tampoco se descarta. Ello podría terminar de definirse en los próximos días, según los plazos correspondientes.

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