La paradoja del empleo público

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No es nada nuevo. El PRO en particular y Cambiemos en general vienen hablando desde hace mucho tiempo de una necesaria reducción del personal. Pero al mismo tiempo que reclaman un estado más pequeño, no han dejado de incrementarse los asesores que facturan cifras superiores a varios trabajadores.

No es nada nuevo. El PRO en particular y Cambiemos en general vienen hablando desde hace mucho tiempo de una necesaria reducción del personal. Pero al mismo tiempo que reclaman un estado más pequeño, no han dejado de incrementarse los asesores que facturan cifras superiores a varios trabajadores. Esto ha sido denunciado por diversos dirigentes gremiales estatales.

O sea que la lógica del PRO y Cambiemos sería algo así como: “preferimos asesores sin relación de dependencia muy bien pagos, que trabajadores mal pagos”.

Y se rasgan las vestiduras reclamando la reducción del gasto público a través de la reducción del personal, pero toman deudas a tasas usurarias que no hacen otra cosa más que aumentar el gasto público (el servicio de deuda a aumentado nominalmente y porcentualmente)

A pesar de los amagues no se han disminuida la cantidad de carteras (o sea la planta política) aunque si se ha iniciado con la desaparición a mansalva de áreas del estado como la recientemente disuelta Unidad Ejecutora Provincial.

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El macrismo ha demostrado durante su gestión en CABA que los trabajadores en la administración pública no son tantos.  Si se consideran las estadísticas que informa la Dirección Nacional de Coordinación Fiscal con las Provincias (DNCFP) para todas las jurisdicciones del país, el aumento de cargos en gran parte de la gestión de Macri fue de 54 mil entre 2007 y 2013, último año con cifras oficiales informadas por la Ciudad a la dependencia del Ministerio de Economía de la Nación.

O sea que durante su primer gobierno en CABA no solo no redujo el empleo público, sino que lo aumentó. A ello se le debe agregar algo que en ninguna administración queda en claro: los asesores.

El decreto 1278/2016, enmarcado en la Ley de Emergencia Administrativa, burló el límite estipulado por la Ley 10.430, de tres asesores para la gobernadora, tres para cada uno de sus ministros y secretarios y dos para los subsecretarios.  El mismo buscó poner límites a los gastos de la política. De una lectura simple se puede determinar de acuerdo al mismo los 14 ministros, seis secretarios y 60 subsecretarios disponen –en conjunto- de más de 30 millones de pesos por mes para asesores, lo cual representa nada menos que $ 363.300.000 por año. Esos empleados (asesores) no forman parte del ajuste impulsado por ninguno de los organismos del estado que están siendo tan inflexibles con los trabajadores. Vale destacar que antes del decreto, los sueldos de los asesores estaban ajustados a la jerarquía de funcionarios para los que trabajaban, que eran de menor rango que los que estipula el decreto de Vidal, por lo cual los asesores –antes- no solo eran menos, sino que también ganaban mucho menos.

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El pacto fiscal bonaerense –que Cambiemos pide que el municipio adhiere- entre otras cosas impide ampliar la planta temporal o permanente. De forma tal que claramente se inmiscuye en áreas de estrictas competencias tanto del Ejecutivo como del Legislativo.

Y es que –como en los noventa- el problema parecen ser los trabajadores asalariados. Y nunca los que están cerca del lugar donde se toman las decisiones.

 

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