“El proyecto de reforma de los jurys que impulsa la gobernadora es inconstitucional”

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El diputado mercedino Santiago Lalo Révora criticó la propuesta de Vidal, que incluye cambios a la Ley 13.661 de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la Provincia. El bloque de Unidad Ciudadana, tras exponer argumentos contundentes con la idea de mejorarlo, debió emitir un despacho en minoría.

El proyecto de reforma a los jurys contra magistrados y funcionarios que, a través de su bloque de diputados, impulsa la gobernadora María Eugenia Vidal para la Provincia de Buenos Aires “es objetiva y claramente inconstitucional”, explicó el diputado mercedino Santiago Révora, “y lo peor de todo es que al oficialismo pareciera no importarle”, agregó.

La propuesta de Vidal, que incluye cambios a la Ley 13.661 de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la Provincia, ya fue tratada por las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia y de Legislación General, y el bloque de Unidad Ciudadana, tras exponer argumentos contundentes con la idea de mejorarlo, debió emitir un despacho en minoría.

“En las reuniones quedó en evidencia que al oficialismo no le interesaban las propuestas que pudiéramos hacer nosotros para mejorar la letra del proyecto, y lo peor de todo es que tampoco pareciera importarle que la reforma es objetiva y claramente inconstitucional. Pretenden que el Congreso bonaerense sea una escribanía de la gobernadora aunque para ello haya que vulnerar derechos y garantías”, dijo Révora.

Entre otras cosas, durante el proceso de debates en comisión la oposición debió “pelear” para que Cambiemos permitiera las exposiciones del Colegio de Magistrados, del Colegio de Abogados y de representantes judiciales, “y accedieron sabiendo que todo lo que dijeran iba a ser desoído”, contó el edil mercedino. “No querían cambiar ni una coma de lo que les ordenó Vidal. El proyecto, además de inconstitucional, no incluye ninguna de las voces que expusieron y que tienen autoridad para hablar del tema”, añadió.

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“Hay un nivel de avasallamiento preocupante -amplió Révora-, y de estas formas hay múltiples ejemplos. De todos, tal vez el más claro sea el de la reforma previsional que impulsó el presidente Mauricio Macri y que el oficialismo aprobó en el Congreso nacional a pesar de que la amplia mayoría de la sociedad se manifestó claramente en contra”.

En el encuentro de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia, de la que Révora es vicepresidente, el bloque de Unidad Ciudadana explicó que la reforma aplicada por el gobierno de Cambiemos “resulta contraria a los preceptos constitucionales consagrados en la Carta Magna provincial” y, a la vez, “vulnera garantías allí consagradas”.

“La modificación del artículo 6° propuesto en el proyecto establece que el Presidente de la SCJ presidirá el Jurado de Enjuiciamiento desde la denuncia hasta su total terminación. Pero es la propia Constitución Provincial la que establece en su artículo 162 que ‘la presidencia de la Suprema Corte de Justicia se turnará anualmente entre sus miembros…’. Por ende, la propia Carta Magna establece un sistema de rotación para ejercer la presidencia del Jurado, siendo ésta precisamente una de las principales garantías de imparcialidad”, manifestó el diputado.

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“Y en segundo término -agregó-, al establecer la conformación del Jury de enjuiciamiento, el artículo 182 de la misma Constitución establece quiénes pueden ser denunciados y ante quién, mencionando de manera taxativa que ‘el jurado de 11 miembros estará integrado por el Presidente de la Suprema Corte de Justicia que lo presidirá, 5 abogados inscriptos en la matrícula que reúnan las condiciones para ser miembro y hasta 5 legisladores abogados. Por lo expuesto, queda claro que el artículo 182 debe interpretarse a la luz de lo consagrado en el 162, ya que la Constitución provincial no aclara lo contrario, ni hace salvedad alguna”.

“Hay una alteración de la norma constitucional al intentar forzar una interpretación contraria a lo que ella claramente establece”, contó Révora.

Según el artículo 28 de la Constitución Nacional, cerró el legislador, “los principios, garantías y derechos reconocidos no podrán ser alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio”; y de acuerdo al artículo 3 de la Carta Magna Provincial, “toda alteración, modificación, supresión o reforma de la Constitución dispuesta por un poder no constituido o realizada sin respetar los procedimientos en ella previstos, como así también la arrogación ilegítima de funciones de un poder en desmedro de otro, será nula de nulidad absoluta y los actos que de ellos se deriven quedarán sujetos a revisión ulterior”.

 

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