El Lowe intervenido por la justicia

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Fue a raíz de una denuncia realizada por el Servicio Zonal de Promoción y Protección de los Derechos del Niño • Decidieron poner provisoriamente al frente a la trabajadora social • Mañana se va el director.

Rapidez, celeridad, eficiencia. Eso se le viene reclamando a la justicia argentina en general y a la de Mercedes en particular. Las cuestiones procesales muchas veces terminan siendo la excusa para que los funcionarios judiciales no actúen. Y es que -a pesar de los elevadísimos sueldos y de ser la puerta de entrada a la solución de muchos problemas acuciantes- muchos funcionarios judiciales, no todos, gambetean con destreza la toma de decisiones.

No fue este el caso del juez de garantías del fuero de responsabilidad juvenil, el doctor Marcelo Giacoia, quien en poco menos de 24 horas emitió una resolución ajustada a derecho que desplazó preventivamente al director del Instituto Lowe y puso en su lugar a los dos trabajadoras sociales que venían cumpliendo funciones en la institución.

Principio

Fue la denuncia de la licenciada Soledad Alvarado, coordinadora del Servicio Zonal de Promoción y Protección de los Derechos del Niño, presentada el 22 de enero lo que derivó, 24 horas después, en la decisión del juez Giacoia. Según la misma, en el Instituto Lowe los niños “serían víctimas de malos tratos, violencia (física y psíquica) penitencias, castigos y tratos crueles” por parte del director, su esposa y algún personal de la misma.

La denuncia se apoyaba en un informe realizado por las licenciadas Carolina Di Nápoli y María Victoria Papasidero a raíz de los dichos de unos niños que estaban alojados en esas dependencias y cuyos familiares viven en General Rodríguez. Tras las fiestas de fin de año estos menores habrían puesto obstáculos para volver al Lowe lo que llamó la atención de integrantes del servicio local de Promoción y Protección de los Derechos del Niño. Estos realizaron el correspondiente informe ante las autoridades zonales quienes –a propósito de otros comentarios que venían manejando- realizaron una profunda supervisión en la institución ubicada sobre la calle ex República de Chile de esta ciudad.

Debido a la denuncia presentada, el funcionario judicial se hizo presente en la institución y además tomó declaraciones testimoniales de alguno de los menores allí alojados quienes ratificaron y complementaron lo denunciado. Para el magistrado la situación “impide ignorar las serias y difíciles situaciones por las que vienen atravesando los niños alojados en la institución”.

Giacoia entendió que solo es “probable” el agravio de derechos inherentes a todo ser humano aunque que opinó que “de demostrarse acabadamente, merece el más severo repudio, toda vez que afecta de un modo irreparable la dignidad de aquellos”. También lamentó que “parece desconocerse que los niños y jóvenes tienen, al igual que los mayores, derecho a exigir respeto por su vida, su libertad, su seguridad y dignidad personal”.

Adentrándose en la cuestión de fondo arriesga que “el modelo de control” implementado en el Lowe responderían a “un trato violatorio de derechos esenciales, en abierta contradicción con el paradigma de la protección integral” y no duda en afirmar que se habría “configurado un estado de sospecha fundada en relación a la existencia de malos tratos físicos y psicológicos”.

Más tarde afirma que en la institución “se habrían desnaturalizado los objetivos de las medidas adoptadas, los niños se encontrarían alojados en un ambiente de miedo, de agresiones, de sanciones desproporcionadas y arbitrarias. En donde el mal trato, de parte del responsable de la institución y algunos miembros de la familia, quien tiene relación directa y continua con los chicos, aparece como forma válida de educación y contención” con lo cual deduce que los niños alojados (cerca de 25) son “nuevamente revictimizados”.

Fundando su línea de razonamiento en la doctrina de la protección integral incorporada a la Constitución Nacional tras la reforma del ’94 con la incorporación de la Convención de los Derechos del Niño al llamado bloque federal constitucional, el juez Giacoia opinó que “los responsables de la institución –integrantes de la Fundación Nicolás Lowe- deberán comenzar un camino para lograr un cambio de pensamiento en el personal de la misma, como también un replanteo de los objetivos, estrategias y acciones institucionales, las que deberán ajustarse al nuevo paradigma, al cual nadie puede estar ajeno”.

►Resolución

Fundamentando todo, el juez de garantías del fuero juvenil no dudó en prohibir “todo tipo de contacto y/o comunicación” del director del Lowe “para con los niños alojados en la misma en forma provisoria hasta se profundice la pertinente investigación” haciendo extensiva dicha prohibición a los integrantes de la familia del director.

También le ordena al presidente de la Fundación Lowe, Ariel Sainz, que se adopte las medidas necesarias para que se cumpla la decisión precedida, como así también tomar los recaudos para que “en las decisiones que se tomen en relación a la vida de los niños alojados se respete la Convención Internacional de los Derechos del Niño”.

Tras reclamar que se tomen los recaudos pertinentes para que se capacite al personal profesional y no profesional en los lineamientos que debe tener la institución solicita que “en forma transitoria continúen a cargo de la institución la licenciada en Trabajo Social, María Celeste Bisioli secundada por María Valeria Rodríguez”.

►Decisión

Si bien el juez que dictó la resolución ingresó en feria desde el pasado sábado y ya no podría seguir, al menos hasta principios de marzo, los pasos que se dan desde la Fundación para dar el cumplimiento de la misma, trascendió que se habría decidido que a partir de mañana martes, la familia del director de aleje en forma definitiva del instituto en cuestión. Cabe destacar que los mismos seguían conviviendo con los menores, desde que la justicia había decidido separar al director de la función.A pesar de que trascendió esto, no se supo quiénes serán los nuevos responsables de la institución y qué impacto causará en la Fundación tomar los recaudos exigidos por la justicia.

Autor: Redacción

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •