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El caso Duarte, un laberinto jurídico

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El juzgamiento de menores y mayores en diferentes fueros y con distintas carátulas, puede derivar en resultados que invaliden todo el proceso • Las grietas del sistema y la complejidad del caso.

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(Por Javier Guevara) El jueves 16 de febrero, horas después de llevar adelante el juicio más mediático (el de Silvia Luna) el Tribunal Oral en lo Criminal Nº3, conformado por los jueces Alejandro Caride, Eduardo Costía y Ricardo Marfía, llevó adelante una audiencia de carácter técnico por la muerte de José Darío Duarte.

La causa, que en su momento tuvo una altísima trascendencia nacional, tiene como imputados a siete personas: cuatro mayores y tres menores de edad.

El sistema procesal de la provincia de Buenos Aires obliga a que se realicen dos juicios: uno para mayores y otro para menores. El Tribunal Oral 3 es quien debe juzgar a los mayores: Ignacio y Tomás Zunino, los únicos con prisión domiciliaria asistidos profesionalmente por Juan Mahíques; Andrés Gerdo y Agustín Cañellas ambos representados por Fernanda Montero. Vale destacar que ambos letrados integran la defensoría oficial.

En esa audiencia el Tribunal consultó a la Fiscalía y a los abogados defensores si existía algún inconveniente en que tramite la causa ante esos magistrados, algo que sucede en todos los casos para saber si algún imputado o algún letrado tienen motivos para pedir otro juez. Las partes estuvieron de acuerdo, razón por la cual se informó que se fijaría una segunda audiencia en la cuál se establecerá: cantidad de testigos, cantidad de jornadas que tendrá el juicio y demás cuestiones vinculadas al debate.

Conflictos

Como se informa más arriba, el sistema procesal penal de la provincia de Buenos Aires establece el juzgamiento por separado entre mayores y menores, situación que suele generar algunos inconvenientes. Por ejemplo, que existan imputaciones cruzadas entre mayores y menores. Si en el debate de mayores un acusado imputa la responsabilidad de un hecho al menor, y en ese debate no se logra rebatir esa acusación, el mayor puede salir airoso sin que ello implique condena para el menor, pues éste debe ser juzgado por otro tribunal en el cual puede suceder lo contrario: el menor acusa al mayor.

Y en este caso estos inconvenientes parecen poder agravarse por cuanto aún no existe un criterio único en la causa sobre la acusación.

Carátulas

A raíz de una apelación oportunamente la Sala III de la Cámara de Apelaciones estableció que el hecho debía ser caratulado como homicidio en riña. La carátula no es un tema menor ya que –de acuerdo a la posible sentencia- el imputado debe ser enjuiciado por un tribunal (conformado por tres jueces) o por un juez único. Ante esta situación la Cámara entendió que –debido a la complejidad del caso- el hecho debía ser ventilado ante un tribunal.

Pero a pesar de esta calificación brindada por la Cámara (lo que permitió la excarcelación de Gerdo y Cañelas) la fiscalía sostuvo que se trataba de un homicidio simple, y así elevó el pedido de juicio al juzgado de garantías del doctor Romero. El magistrado –que había tenido duros cruces con la fiscalía cuando se pedía la detención de Zunino y éste entendía que no existían méritos suficientes- aceptó la elevación a juicio tal cual la pidieron desde el Ministerio Público Fiscal en abril del año pasado.

En este punto bien vale dejar en claro una cuestión: muchos funcionarios judiciales entienden que el mejor remedio para las cuestiones técnicas es el juicio oral y público, o sea el debate.

Pero la situación en menores se complejizó: la primera elevación a juicio fue rechazada por el juez de Garantías del fuero de responsabilidad juvenil, Marcelo Giacoia. Tras algunos meses se insistió en la elevación a juicio y se le dio traslado a cada una de las partes que tienen un plazo de 15 días para contestar e pedir impugnaciones. Ese proceso culminó cerca de fin de año y actualmente Giacoia se encuentra en la difícil tarea de resolver las cuestiones solicitadas por los letrados de los menores y tomar una decisión respecto a la acusación.

Giacoia oportunamente hizo suya la postura de la Cámara y recaratuló la causa como homicidio en riña. El mayor problema es que existen pedidos de nulidades pendientes de resolución por que –entienden desde la defensa- hay hechos que no han sido del todo probados. Uno de ellos es la propia muerte de Duarte.

Para la defensa, la fiscalía no avanzó en investigar la causa del deceso o mejor dicho qué ocurrió desde que el joven Duarte termina tirado en la calle y se produce su deceso el día lunes. En esta línea sostienen que la demora de la ambulancia fue excesiva (se habla de cerca de 40 minutos) y que más allá de las lesiones, el resultado final hubiese sido distinto.

Interpretaciones

Es importante dejar en claro que si bien los juicios son separados, la investigación fue una sola porque eso sí es una potestad del Ministerio Público Fiscal. Y en este sentido fue un acierto por parte del fiscal general centralizar todo el trabajo en una sola UFI. Y si bien le cupo al fiscal Pedro Marchetti avanzar en la investigación, tuvo un soporte adicional de ayudantes de la fiscalía general.

En este punto es llamativo que la misma investigación está avanzando por carriles diferentes:

• En mayores ya están por llegar a juicio oral, cuatro imputados con la carátula de homicidio simple y lesiones en concurso real.

• En menores aún se debate si hay elementos suficientes para llevar a juicio a tres menores por el delito de homicidio en riña.

De avanzarse en esta situación y que todos los imputados (mayores y menores) sean considerados culpables, se estaría en presencia de lo que se conoce como un escándalo jurídico: que cada uno de los procesos, iniciados bajo diferente acusación, arroje resultados diferentes.

Bien vale dejar en claro que esta situación no es culpa de nadie. Son las grietas que tiene el sistema.

Lo cierto es que lo que mejor le vendría a la justicia es que la causa en mayores se detenga hasta verificar cuál es la situación en la causa de menores y ver si prosperan algunas de las impugnaciones que están pendientes. Y a partir de ahí el Ministerio Público Fiscal debería intentar aunar criterios.

Es cierto que existe una urgencia: los hermanos Zunino van a cumplir dos años de prisión –domiciliaria- pero prisión al fin.

Autor: Redacción

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